El presidente de Argentina, Javier Milei, atribuyó a una supuesta campaña internacional las críticas dirigidas hacia su administración tras la detención de su asesor Fernando Cerimedo en Bolivia.
Durante su intervención, el mandatario acusó a los gobiernos de Brasil, México y España. Así como al Partido Demócrata estadounidense, de coordinar acciones en contra de su gestión.
Las declaraciones de Javier Milei fueron acompañadas por descalificaciones hacia el periodismo local por la cobertura sobre la situación económica de la nación. Asimismo, la gravedad del caso judicial por presunta tentativa de feminicidio e investigaciones de corrupción fue desestimada por el presidente.
En el ámbito internacional, el vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, fueron expresadas sus objeciones ante la postura del mandatario argentino.
La intervención discursiva fue catalogada por la autoridad boliviana como una falta de respeto e intromisión en los asuntos del poder judicial de ese país.
Paralelamente, la administración federal fue autorizada para subastar un predio de las fuerzas armadas de más de 382 mil metros cuadrados en Ushuaia, Tierra del Fuego.
A la par, acuerdos militares para la adquisición de 235 blindados Stryker fueron concretados con Estados Unidos. Mientras avanza el pliego para la privatización de la red ferroviaria Belgrano Cargas.
