Durante su informe anual ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el presidente del Comité contra la Desaparición Forzada (CDF), Juan Pablo Albán Alencastro, señaló que la solicitud de analizar la situación de México en el pleno ya dio un «primer resultado» al reportarse la localización de 16 mil personas desaparecidas en lo que va de 2026, de un registro superior a las 130 mil.
El representante del organismo internacional felicitó dichos avances e instó a mantener los procesos de cooperación con países como España y Alemania, así como con organismos internacionales y el propio Comité a lo largo del tiempo.
Por su parte, el Estado mexicano, representado por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, reiteró su rechazo a que la situación del país sea llevada al pleno de la Asamblea General mediante la activación del artículo 34 de la Convención. Medina afirmó que México rechaza la interpretación del organismo sobre el alcance de dicho artículo, aunque enfatizó la disposición del país al diálogo y a la cooperación internacional.
Alianzas y cooperación para la identificación humana
Durante su intervención ante las delegaciones de los Estados miembros, el funcionario federal destacó los siguientes puntos:
- Colaboración internacional: México mantiene cooperación con Alemania, España, Noruega, Canadá y Guatemala para fortalecer las labores de identificación humana.
- Apoyo técnico: Se trabaja junto al Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para mejorar las capacidades de investigación y búsqueda.
- Revisión científica: Con la asistencia de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, se integró un grupo de expertos para efectuar una revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Medina subrayó que atender este delito representa una prioridad nacional y reiteró que la Estrategia Nacional de Búsqueda ha posibilitado la ubicación de más de 16 mil personas en el transcurso de 2026.
Postura y evaluaciones del Comité
Previamente, el presidente del CDF indicó que, tras analizar la información aportada por el Estado mexicano, las víctimas y organizaciones civiles desde 2012, el organismo concluyó que existen indicios fundados sobre la comisión de desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad y su persistencia. No obstante, precisó que la medida no constituye una determinación de responsabilidad internacional ni apunta a una política deliberada a nivel federal.
Albán explicó que el artículo 34 funciona como un mecanismo preventivo de alerta para movilizar apoyo internacional en materia de búsqueda, esclarecimiento de la verdad, superación de la crisis forense y protección de las familias afectadas.
