Desde el 7 de mayo, alrededor de mil personas huyeron de Tula, Acahuetlán y Xicotlán, tras ataques del grupo narcoparamilitar Los Ardillos.
Las agresiones incluyeron asesinatos, quema de viviendas y matanza de animales, en presencia de militares que no intervinieron para proteger a la población.
Organizaciones como la Red TDT y Tlachinollan denunciaron ofensivas armadas con drones y acusaron omisión de autoridades estatales y federales.
El Cipog-EZ rechazó la versión oficial de que se trata de un conflicto entre grupos criminales, señalando que es violencia contra comunidades indígenas nahuas.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, afirmó que Cipog-EZ, Los Ardillos y Los Tlacos forman parte de la delincuencia organizada en Chilapa.
La Secretaría de Gobernación informó que se retiraron bloqueos y se estableció un corredor seguro para brindar víveres, atención médica y programas sociales.
Se propuso una mesa de diálogo entre comisarios ejidales y autoridades para construir condiciones duraderas de paz en la región.
El Cipog exigió reconocer la crisis de derechos humanos, detener ataques, garantizar la vida de desplazados y sancionar a responsables materiales e intelectuales.
Denunció además el asesinato de líderes comunitarios y recordó que más de 80 indígenas han sido asesinados y 25 permanecen desaparecidos.
Analistas como Luis Hernández Navarro señalan que Los Ardillos han controlado Chilapa durante cuatro administraciones, buscando dominar rutas de trasiego y recursos naturales.
