El gobierno de Estados Unidos anunció la intensificación de sus acciones contra el Cártel Jalisco Nueva Generación. Las medidas fueron presentadas por autoridades del Departamento de Justicia en rueda de prensa.
Las acciones gubernamentales incluyen el encausamiento penal directo contra cinco mandos de la organización delictiva. La lista de acusados fue revelada por el procurador general interino Todd Blanche.
Asimismo, el Departamento de Estado anunció un paquete de recompensas superior a los cien millones de dólares. Los recursos serán entregados a quienes proporcionen información fidedigna para lograr las capturas.
Más detalles sobre el plan de Estados Unidos contra el CJNG
La prioridad central de las agencias de inteligencia se enfoca en la localización de Juan Carlos Valencia González. La retribución por la captura del presunto líder fue elevada a veinticinco millones de dólares.
Paralelamente, las autoridades norteamericanas aplicaron sanciones administrativas y de visado a sesenta y cinco personas. Las restricciones fueron impuestas a familiares y socios directos vinculados a la cúpula criminal.
Durante la presentación, representantes de la DEA enfatizaron que perseguirán la corrupción institucional de forma contundente. El organismo afirmó que se combatirá a quienes faciliten operaciones ilícitas o lavado de dinero.
Además de los cargos por narcotráfico y trasiego de armas, se imputaron fraudes financieros en inmuebles vacacionales. Los esquemas fraudulentos afectaron a miles de ciudadanos norteamericanos, principalmente de la tercera edad.
Los funcionarios de estados unidos destacaron que la presión aplicada sobre otras estructuras delictivas se replicará con este grupo. Las autoridades estadounidenses recalcaron que utilizarán todas las herramientas legales disponibles.
Respecto a la colaboración internacional, mandos de la DEA señalaron mantener comunicación con representantes del gobierno mexicano. Las agencias reiteraron su disposición a mantener la coordinación bilateral cuando resulte pertinente.
La estrategia integral busca debilitar la capacidad operativa y financiera de la organización catalogada como amenaza. La ofensiva legal continuará desarrollándose en los tribunales federales de la nación norteamericana.
