La Junta de Coordinación Política (Jucopo) y la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados acordaron de forma unánime —con la sola excepción de la bancada del PRI— implementar un protocolo estricto de seguridad e iniciar procesos de sanción tras los hechos violentos registrados en el recinto legislativo.
El presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños (PVEM), informó en conferencia de prensa que las decisiones responden a la trifulca en la que participaron el diputado priísta Carlos Gutiérrez Mancilla y personal de su equipo contra legisladores de Movimiento Ciudadano (MC).
Entre las medidas inmediatas destaca la instrucción a la Dirección de Resguardo para impedir el ingreso de personal de custodia o escoltas armados a las instalaciones de San Lázaro, argumentando la necesidad de preservar un entorno seguro de debate parlamentario.
Acciones inmediatas y control de accesos
- Baja de asesores e historial de acceso: Se ordenó a la Secretaría General y a Recursos Humanos la rescisión de contrato y la prohibición de entrada al recinto de los asesores identificados en los reportes de la Dirección de Resguardo.
- Restricción de acreditaciones: Se limitará el número de personal de apoyo en el pleno a través de gafetes oficiales (15 para Morena, 10 para el PAN y cinco para las demás bancadas). Asimismo, los legisladores deberán portar por sí mismos cualquier material de protesta o pancartas.
- Revisiones vehiculares: Cuerpos de seguridad verificarán las unidades que ingresen a la Cámara de Diputados para cotejar la identidad y acreditación de los acompañantes de cada legislador.
Procedimiento disciplinario en el Comité de Ética
A la par de las restricciones físicas, la Jucopo solicitó dar celeridad a la queja formal presentada por la bancada de Movimiento Ciudadano ante el Comité de Ética de la Cámara de Diputados, presidido por el diputado Humberto Pérez Bernabe.
Con base en el Código de Ética y el reglamento interno, las sanciones aplicables para los legisladores señalados —entre ellos Carlos Gutiérrez Mancilla y Xitlalic Ceja— van desde la amonestación pública y la remoción de comisiones o cargos legislativos, hasta el descuento de su dieta salarial.
Durante la votación de los acuerdos, el coordinador de la bancada del PRI, Rubén Moreira, fue el único en pronunciarse en contra de las resoluciones, respaldando la postura de los integrantes de su grupo parlamentario.
