Diversas organizaciones sociales acusaron exclusión en la organización de la semana ambiental convocada por la Semarnat, El Colegio de México y la BUAP.
La Asamblea Social del Agua y colectivos aliados criticaron que el foro visibilice acciones secundarias mientras omiten a los grupos comunitarios con propuestas técnicas.
Los activistas señalaron que la cuenca del Atoyac padece un severo ecocidio y un desastre de salud pública ignorado por las autoridades.
En su pronunciamiento, los grupos exigieron priorizar el control de las 62 descargas principales que concentran el 94 por ciento del flujo contaminante.
Entre estas fuentes, ubicaron las descargas del municipio de Puebla operadas por la concesionaria Agua de Puebla durante las épocas de estiaje.
Asimismo, señalaron que 22 complejos industriales vierten metales pesados y sustancias químicas altamente nocivas sobre los afluentes de la cuenca alta.
Las agrupaciones rechazaron el cierre de la planta de tratamiento de San Francisco y sugirieron posibles intereses inmobiliarios en sus predios operativos.
Propusieron rehabilitar la infraestructura existente con capacidades de mil 500 litros por segundo antes de construir nuevos centros de depuración de agua.
El documento exige la anulación inmediata de la concesión otorgada a Concesiones Integrales por presuntos incumplimientos y vicios de origen contractuales.
Además, los colectivos solicitaron la intervención del Poder Judicial para exigir la devolución de cobros indebidos por concepto de saneamiento no realizado.
Las organizaciones concluyeron que las autoridades deben detener primero el volumen contaminante en la fuente antes de desarrollar proyectos de paliación superficial.
El llamado reitera la urgencia de reorientar las estrategias institucionales hacia un modelo de fiscalización efectiva con participación de contralorías sociales.
