Organizaciones civiles demandaron al Congreso del Estado de Puebla la aprobación inmediata de la iniciativa de reforma constitucional denominada «Ley Salvatori». La propuesta fue ingresada por colectivos ciudadanos desde junio de 2026 con el fin de aplicarse antes del proceso electoral de 2027.
La iniciativa «Ley Salvatori» plantea modificar el artículo 36 de la Constitución local para hacer obligatoria la cédula profesional de Licenciado en Derecho a los aspirantes. El filtro técnico fue propuesto como un requisito indispensable para garantizar la correcta elaboración de leyes.
El proyecto cobró un nuevo impulso tras el escándalo protagonizado por legisladoras locales que emitieron comentarios despectivos hacia personas adultas mayores. La indignación social fue desencadenada por las burlas difundidas en plataformas digitales.
La solicitud formal de la «Ley Salvatori» fue promovida por la asociación Poblanos Unidos por la Profesionalización del Servicio Público en alianza con la organización Causa Común por Puebla. El documento fue entregado a la mesa directiva del poder legislativo para evitar que la norma quede archivada.
Los activistas argumentan que la falta de conocimientos especializados ha generado graves fallas en la redacción de normativas estatales. Diversas reformas fueron invalidadas por tribunales federales debido a juicios de amparo y acciones de inconstitucionalidad ganados contra el Congreso.
Las organizaciones fundamentan su postura en el derecho a un buen gobierno y a la administración pública eficiente. La dictaminación de la propuesta será vigilada por las agrupaciones antes de que inicie la preparación del siguiente periodo de elecciones.
