La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) pero rechazó comparecer como testigo en la investigación por agentes estadounidenses en operativos.
Campos se presentó para cumplir el citatorio emitido por el ministerio público Julio César Jaimes Carmona, al que calificó de incongruente y carente de fundamentación legal.
En un oficio firmado, la mandataria afirmó que no colaboraría como testigo ni se sometería a actos de investigación, aunque sí respondió al citatorio de manera formal.
La gobernadora expresó disposición a colaborar, pero aclaró que no lo haría como un sometimiento fáctico o legal, sino mediante solicitudes de información dirigidas al gobierno estatal.
Argumentó que la FGR no tiene atribuciones para citar a gobernadores y que el documento carecía de precisión sobre el objeto de la diligencia solicitada.
Campos criticó que se le llamara como testigo cuando, en el fondo, podrían fincarle responsabilidades, lo que consideró un riesgo jurídico para su cargo institucional.
El Código Nacional de Procedimientos Penales establece que un testigo no está obligado a declarar sobre hechos que puedan implicar responsabilidad penal en su contra.
La mandataria señaló que la citación mezclaba regímenes de testigo e imputado, lo que la colocaba en riesgo de una diligencia materialmente preimputativa disfrazada de entrevista.
Campos recalcó que esta situación afecta su esfera jurídica como persona y las garantías institucionales del cargo que le fue conferido por la ciudadanía de Chihuahua.
La comparecencia ocurre en medio de la polémica por la presencia de agentes estadounidenses en operativos estatales, tema que ha generado tensiones políticas y jurídicas.
