Congreso de Puebla se convirtió en la séptima entidad en eliminar las llamadas “pensiones doradas”, tras aprobar una reforma que limita las jubilaciones de exservidores públicos.
La LXII Legislatura avaló que ninguna pensión financiada con recursos públicos supere la mitad del salario de la presidenta de la República, equivalente a unos 70 mil pesos mensuales.
El dictamen de el Congreso de Puebla aprobó por unanimidad la eliminación de las pensiones doradas y fijó que ningún servidor público gane más que la presidenta de la República. también establece que ningún servidor público podrá recibir un sueldo mayor al de la titular del Ejecutivo federal, fijando un tope salarial en la administración.
Durante la discusión, la diputada panista Susana Riestra Piña respaldó la reforma, aunque lamentó que no prosperaran reservas para evitar efectos retroactivos en su aplicación.
Por su parte, la legisladora de Morena, Azucena Rosas Tapia, defendió la medida como un paso para terminar con privilegios que ofenden a la mayoría de la población.
La reforma excluye a las fuerzas armadas y mantiene vigentes las pensiones derivadas de aportaciones voluntarias al sistema de ahorro para el retiro.
La crítica apunta a que la eliminación de pensiones excesivas responde a una demanda social de austeridad y equidad, buscando frenar el enriquecimiento de la alta burocracia.
Con esta decisión, Puebla se suma a otras entidades que han adecuado su legislación a la reforma federal, reforzando el principio de que ningún cargo público debe convertirse en privilegio económico.
