La Cámara de Diputados aprobó la reforma al artículo 127 constitucional para eliminar las pensiones doradas, limitando jubilaciones a la mitad del salario presidencial.
Aunque fue avalada en lo general por unanimidad, en lo particular registró 64 votos en contra del PAN y 25 abstenciones de Movimiento Ciudadano.
El PT presentó reservas para evitar que la aplicación retroactiva afecte a trabajadores de confianza con pensiones legales, pero todas fueron desechadas sin discusión.
Ricardo Mejía Berdeja advirtió que “pagan justos por pecadores”, alertando que técnicos calificados y jubilados de CFE podrían resultar perjudicados por la reforma.
Jorge Armando Ortiz propuso excluir a trabajadores que no son de confianza real, pero su planteamiento también fue rechazado por la mayoría oficialista.
La oposición criticó que se señalen pensiones de CFE y Pemex, pero se omitan las de ministros retirados como Arturo Zaldívar y Olga Sánchez Cordero.
Priístas y panistas denunciaron incongruencia, recordando que Zaldívar percibe ingresos millonarios entre pensión y cargo público, mientras se presume austeridad en otros sectores.
La crítica apunta a que la reforma, aunque simbólica, deja intactos privilegios de élites judiciales y militares, mostrando selectividad en la aplicación de la austeridad.
El reto será garantizar que la eliminación de pensiones doradas no se convierta en castigo indiscriminado contra trabajadores que cumplieron décadas de servicio público.
