El conflicto entre Cazzu y Cristian Nodal por el permiso de viaje de su hija Inti llegó al Congreso de Michoacán, generando debate legislativo.
La diputada del Partido Verde, Sandra Arreola, propuso la “Ley Cazzu” para garantizar movilidad infantil cuando exista abandono parental o incumplimiento de obligaciones alimentarias.
Actualmente, el Reglamento de Pasaportes exige autorización de ambos padres, lo que ha impedido que menores participen en competencias internacionales pese a contar con selección oficial.
Casos como el de Zaired “N” evidencian el problema: su padre ausente negó autorización, pero un amparo permitió obtener pasaporte provisional y competir en Corea.
La juez Martha Magaña determinó que la norma sobreprotege a los menores y resulta inconstitucional, pues limita de manera absoluta su derecho a la movilidad.
Propuso que la SRE cree mecanismos para garantizar retorno seguro de la infancia, sin negar de tajo la expedición de pasaportes.
La iniciativa legislativa de la «Ley Cazzu» plantea reformar el artículo 4 constitucional para priorizar el interés superior de la niñez frente a la patria potestad abandonada.
La crítica apunta a que el debate revela un vacío legal: proteger a los menores sin convertir el consentimiento parental en instrumento de control o violencia vicaria.
El reto será armonizar criterios judiciales y legislativos para garantizar derechos de movilidad infantil, evitando que burocracia o abandono limiten oportunidades educativas y deportivas.
