El Tribunal Electoral del Estado de Guerrero (TEEGRO) determinó que el medio digital Acapulco Trends y su director, el periodista Jesús Gabriel Castañeda Arellano, incurrieron en violencia política en razón de género en contra de la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, de Morena.
Como sanción, el tribunal ordenó al comunicador emitir disculpas públicas durante 15 días consecutivos y lo multó con más de 22 mil pesos por desacato, luego de que se ignoraran medidas previas.
Origen del caso
El conflicto surgió tras una investigación publicada por Acapulco Trends que señalaba presuntas irregularidades por 898 millones de pesos detectadas por la Auditoría Superior del Estado, relacionadas con el manejo de recursos tras el paso del huracán Otis en 2023.
La alcaldesa López Rodríguez presentó una denuncia, derivando en el procedimiento TEE/PES/052/2024. En su resolución del 20 de agosto de 2024, el tribunal consideró que algunas expresiones difundidas en redes sociales «excedieron los límites del ejercicio periodístico» y afectaron los derechos político-electorales de la edil por su condición de mujer.
Sanciones impuestas por el Tribunal Electoral.
- Disculpas públicas durante 15 días.
- Publicación del extracto de la sentencia en redes sociales del medio por 30 días, bajo lineamientos específicos.
- Multa de 50 UMA (5,657 pesos).
- Inscripción del periodista en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres por un año y seis meses.
Al no cumplirse las medidas, el tribunal impuso multas adicionales: primero de 11,314 pesos y luego, el 15 de julio de 2025, otra de 22,628 pesos.
Respuesta del medio
En un comunicado, Acapulco Trends calificó el fallo como un «intento de censura» por parte de la alcaldesa:
«La presidenta Abelina López busca silenciarnos por ser críticos de su gobierno y exponer el presunto desvío de 898 millones de pesos», señalaron. Además, rechazaron las disculpas obligatorias, afirmando que «la libertad de expresión no es un delito» y prometieron seguir informando «con responsabilidad».
Mientras las autoridades proceden al cobro forzoso de las multas, el caso reaviva el debate sobre los límites entre libertad de prensa y violencia política de género.
