En el primer minuto de este lunes, trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) comenzaron un paro indefinido de labores en protesta por el nuevo dictamen de reforma a dicho poder.
Propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Un grupo de aproximadamente 50 trabajadores se reunió en el Palacio de Justicia Federal en San Lázaro
Colgando mantas con consignas como “Juzgar no es un asunto de popularidad, basta de mentiras”.
Los manifestantes cerraron el acceso al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) con cadenas y candados, exigiendo respeto a su independencia.
El paro se ha extendido a varias entidades del país, como el Estado de México, la Ciudad de México y Puebla, bajo el lema “¡Todos Somos Uno, Uno Somos Todos!”.
Los trabajadores rechazan la reforma que califican de “agresiva”, advirtiendo que pone en riesgo la autonomía del Poder Judicial.
La reforma propuesta incluye cambios significativos como la reducción del número de ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La imposición de plazos máximos para resolver casos, y un inédito proceso de elección ciudadana de jueces y magistrados, coordinado por el Instituto Nacional Electoral (INE).
Según un comunicado emitido por los manifestantes, “la reforma propuesta por el Ejecutivo Federal pretende someter al Poder Judicial de la Federación, único contrapeso entre los Poderes de la Unión y garante de los derechos de todo el pueblo de México”.

Más dependencias se han unido a la huelga de trabajadores del Poder Judicial.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF (Jufed) también ha manifestado su descontento.
Patricia Aguilar, ministra y portavoz de Jufed, denunció que la reforma “borra de un plumazo” los avances en la carrera judicial en México.
Aunque el paro comenzó sin la participación directa de los jueces federales, estos decidirán en los próximos días si se suman al movimiento.
El cual se mantendrá activo hasta que se logre una respuesta favorable a sus demandas.
El dictamen, que será discutido en el Congreso, incluye también la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial y la limitación de la remuneración de los integrantes del Poder Judicial.
Entre otras medidas que buscan transformar radicalmente la administración de justicia en el país.
