Una jueza de Quintana Roo ha modificado la medida cautelar del exgobernador de Puebla, Mario Marín, permitiéndole cumplir su condena bajo arresto domiciliario.
La decisión, tomada por Angélica del Carmen Ortuño, jueza Segundo de Distrito de Quintana Roo, implica que Marín podrá enfrentar el proceso judicial desde su residencia en Puebla, tras haber estado bajo prisión preventiva.
En la audiencia del pasado sábado, la jueza impuso varias condiciones a Marín.
Este deberá presentar una garantía económica de 100 mil pesos y está prohibido de salir del país.
Su visa y pasaporte serán retenidos por el juzgado, y se ha emitido un oficio de Alerta Migratoria para asegurar su permanencia en México.
Además, Marín llevará un brazalete electrónico para su localización constante y estará bajo la vigilancia de la Unidad de Medidas Cautelares de Puebla.
También se le prohíbe acercarse o comunicarse con Lydia Cacho y los testigos del caso.
Mario Marín, conocido como el “Gober Precioso,” fue arrestado en Acapulco en febrero de 2021 después de casi dos años de búsqueda, tras una orden de captura emitida en abril de 2019.
Se le acusa de ser el autor intelectual de la tortura de la periodista Lydia Cacho, quien fue detenida y trasladada a Puebla en 200.
En un operativo ilegal y brutal que buscaba silenciarla por su libro “Los demonios del Edén,” que denunciaba redes de pornografía y prostitución infantil.
AMLO en contra de la decisión de prisión domiciliaria para Mario Marín.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha criticado la decisión de la jueza, calificándola de “sabadazo” y acusando a la oposición de proteger a Marín.
En conferencia de prensa, el mandatario afirmó que el exgobernador ayudó en el supuesto fraude electoral de 2006 y que su liberación es parte de una serie de maniobras para evitar reformas en el Poder Judicial.
La organización de derechos humanos Artículo 19 ha anunciado su intención de impugnar la decisión, argumentando que, aunque la prisión preventiva puede ser cuestionada en general.
En casos como este, donde hay riesgos de fuga y amenazas contra la víctima, debería ser aplicada.
Artículo 19 resalta que las pruebas presentadas en la defensa de Cacho indican que la situación amerita mantener a Marín en prisión preventiva.
