Santos Laguna y Grupo Orlegi se han visto envueltos en un caso de fraude fiscal por 17 millones de pesos que ya investigan las autoridades.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado a una jueza en Coahuila que un representante de Grupo Orlegi, presidido por Alejandro Irarragorri.
Declare en una audiencia sobre presunta evasión fiscal por 17 millones de pesos, como parte de una investigación de la Procuraduría Fiscal de la Federación.
La FGR pidió a la Fiscalía de Coahuila dar seguimiento al caso y que la jueza admita convertir un asunto administrativo en uno penal.
Sin embargo, las investigaciones no están dirigidas personalmente contra Alejandro Irarragorri, quien es presidente del Consejo de Administración de Grupo Orlegi.
El caso investiga la falta de pago del ISR en los salarios de jugadores y cuerpo técnico del Santos Laguna.
La supuesta omisión del pago del ISR en los salarios de jugadores y cuerpo técnico del Santos Laguna es de 17 millones.
Grupo Orlegi ha afirmado discrepancias en el cálculo del ISR y está dispuesto a colaborar con las autoridades mexicanas.
La FGR solicitó citar a declarar a un representante de Grupo Orlegi tras acceder a la carpeta de investigación en febrero.
La reforma fiscal de 2019 establece la evasión fiscal como un delito penal, y aunque no implica prisión preventiva.
Por lo que las autoridades pueden imponer penas que van desde tres hasta nueve años de prisión.
El club Santos Laguna emitió un comunicado indicando que las autoridades no lo han notificado sobre la judicialización del caso fiscal.
Por lo que además rechazó las acusaciones personales contra los representantes de Grupo Orlegi.
«Rechazamos que una cuestión de interpretación se intente convertir en un tema penal en contra del Club o sus representantes, con el único propósito de intimidación y violando el principio de presunción de inocencia.
«La implicación de personas en el proceso se debe a la supuesta responsabilidad administrativa que correspondería al Club, el cual debe ser escuchado y tener oportunidad de defenderse en instancias administrativas, no penales, en contra de sus representantes», señala el comunicado.
