El gobierno del estado de Puebla anunció que presentará una impugnación para evitar el pago de más de 600 millones de pesos a la empresa Melgarejo Construcción y Concesiones SA de CV.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo reciente que otorgó a la constructora una indemnización de 640 millones de pesos.
Debido a una obra inconclusa iniciada en 2009, durante la administración del exgobernador Mario Marín Torres.
El actual gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, informó sobre la decisión de impugnar el fallo de la SCJN.
Calificando el resultado como una sorpresa para su administración.
Céspedes destacó que el estado presentó todas las pruebas necesarias para obtener un fallo favorable, sin embargo, la Corte decidió en contra.
«Creemos que la Corte no actuó de manera correcta. Agotaremos todos los recursos posibles para evitar que las finanzas estatales sufran otro revés por errores de administraciones pasadas», declaró Céspedes.
Este caso se suma a otros problemas financieros recientes del estado, como la inversión fallida en el Banco Accendo y el adeudo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El conflicto se remonta a 2009, cuando el gobierno de Mario Marín Torres adjudicó de manera directa la obra del Libramiento Poniente Puebla.
Este proyecto tenía como objetivo conectar la autopista Siglo XXI con el Arco Norte y la autopista México-Puebla.
Mediante una inversión de 640 millones de pesos y el derecho a explotar el peaje del camino hasta 2039.
No obstante, el proyecto no pudo ser ejecutado debido al rechazo de las comunidades indígenas de la zona del Izta-Popo.
Las administraciones subsecuentes de Rafael Moreno Valle, Antonio Gali Fayad, Guillermo Pacheco Pulido y Miguel Barbosa Huerta se negaron a pagar la indemnización correspondiente.
Llevando a la empresa constructora a recurrir a los tribunales y, finalmente, obtener un fallo favorable de la SCJN.
«Fuimos personalmente a la Corte a presentar alegatos y estábamos seguros de que el dictamen sería favorable, como lo había propuesto el ponente.
La votación en contra nos tomó por sorpresa y creemos que hay violaciones flagrantes en este fallo», expresó el gobernador Céspedes.
Con este anuncio, el gobierno de Puebla se prepara para una batalla legal que busca proteger los intereses y las finanzas del estado.
Mientras intenta rectificar lo que considera una decisión injusta por parte del máximo tribunal del país.
