En sesión del Congreso de Puebla, la diputada Susana Riestra Piña (PAN) denunció un bloqueo informativo y exigió la renuncia de Leopoldo de Lara y Jesús Juárez Lezama.
Ambos funcionarios habrían ocultado durante seis meses notificaciones clave de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vulnerando la soberanía del Pleno legislativo.
Riestra advirtió que nadie puede asumirse como el “Diputado 42”, señalando decisiones arbitrarias tomadas por funcionarios sin legitimidad democrática ni respaldo ciudadano.
La diputada acusó que este silencio administrativo afecta la operatividad interna del Congreso y cuestionó si existían intereses externos moviendo los hilos de la institución.
El reclamo puso en duda la actuación del presidente del Congreso, Pavel Gaspar, y abrió interrogantes sobre la naturaleza del bloqueo informativo.
La demanda de cese de los funcionarios está sobre la mesa, mientras el costo político de esta omisión comienza a calcularse entre las distintas bancadas.
La crítica apunta a que el caso refleja un problema estructural: la falta de transparencia y la concentración de decisiones en manos de actores no electos.
El concepto del “Diputado 42” se convirtió en símbolo de la denuncia contra prácticas que distorsionan la representación y debilitan la confianza ciudadana en el Congreso.
La oposición celebró la postura de Riestra, mientras Morena y sus aliados guardaron silencio, esperando que el conflicto se resuelva sin mayores fracturas institucionales.
