Uber México ha manifestado su oposición a la reciente reforma propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La reforma busca establecer un marco de seguridad social para los repartidores y conductores de aplicaciones.
Nicolás Sánchez, director de Asuntos Públicos de la compañía, argumentó que implementar dicha reforma podría incrementar los costos tanto para los restaurantes como para los consumidores finales.
Durante una entrevista en Radio Fórmula, Sánchez afirmó que la reforma, presentada por primera vez el día anterior, se basa en modelos de protección social destinados a empleos tradicionales.
Estos modelos no se adaptan a la naturaleza flexible de los trabajadores de plataformas como Uber, DIDI y Rappi.
“Este trabajo y la forma en cómo se usa la plataforma son completamente distintos”, señaló.
Sánchez explicó que aproximadamente 2.5 millones de personas en México utilizan aplicaciones de transporte y entrega.
De estos, el 70% de los repartidores trabaja menos de 10 horas a la semana. Muchos de estos trabajadores combinan sus actividades en la plataforma con otros empleos o responsabilidades familiares.
Esto dificulta la aplicación de un modelo tradicional de subordinación laboral.
En este contexto, el director de Uber hizo un llamado a un diálogo constructivo para mejorar la propuesta.
Sugirió la creación de mesas de trabajo con la Secretaría del Trabajo y otros actores de la industria.
“Es necesario pensar de una manera innovadora y creativa para poder aterrizar de la mejor manera la reforma”, agregó.
Además, Uber México advirtió en un comunicado que podría considerar una posible salida del mercado mexicano.
Esto ocurriría si la reforma, que establece prestaciones económicas obligatorias para repartidores y choferes, llega a ser aprobada.
La incertidumbre en torno a esta reforma podría tener un impacto significativo en el modelo de negocio de la compañía en el país.
