El Senado de México aprobó la reforma constitucional que adscribe la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Con 86 votos a favor, 42 en contra y sin abstenciones, el proyecto fue avalado tras ocho horas de debate.
Uno de los votos clave fue el del senador Miguel Ángel Yunes Márquez, del PAN, quien apoyó al bloque oficialista.
El dictamen será discutido en los Congresos estatales para su aprobación final antes de convertirse en ley.
Esta reforma fue enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso en febrero de 2024.
La reforma propone que la Guardia Nacional esté sujeta al fuero militar y apoye en tareas de seguridad pública.
Además, faculta al presidente de la República a disponer del Ejército, la Guardia Nacional, y la Armada en seguridad.
Contexto de la adición de la Guardia Nacional a la Sedena aprobada por el senado de México.
Desde su creación en 2019, la Guardia Nacional ha sido criticada por su creciente militarización y vínculo con las fuerzas armadas.
Inicialmente, la Guardia Nacional estaba bajo control civil en la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.
La oposición, liderada por Luis Donaldo Colosio Riojas, calificó la reforma como un fracaso de la estrategia de seguridad.
Colosio Riojas declaró: «La seguridad no se construye con soldados, se construye con oportunidades, justicia y mejores instituciones».
Organizaciones civiles y defensores de derechos humanos advirtieron que la medida podría poner en riesgo garantías individuales en México.
López Obrador defendió la reforma, argumentando que adscribir la Guardia Nacional a la Sedena evitará la corrupción del cuerpo.
El presidente criticó la antigua Policía Federal, disuelta en 2019, por casos de corrupción que afectaron su credibilidad.
En 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional una versión anterior de esta reforma.
Sin embargo, el debate sobre la adscripción de la Guardia Nacional sigue generando polémica y división política en México.
El destino final de la reforma dependerá ahora de la aprobación de los Congresos estatales, que debatirán su contenido.
