La Cámara de Diputados aprobó en lo particular, con una mayoría calificada de 357 votos a favor, 130 en contra y cero abstenciones.
El dictamen que modifica diversos artículos de la Constitución Política de México, relacionados con el Poder Judicial.
Tras aprobar el dictamen, lo turnaron al Senado de la República para los efectos constitucionales correspondientes.
Entre las modificaciones destacadas se encuentra la reserva presentada por la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Partido del Trabajo (PT).
Que modifica el artículo 40 para establecer el criterio de paridad total en los poderes públicos federales, locales, y en los organismos constitucionales autónomos.
Además, se incorporó el uso de lenguaje inclusivo en los artículos 116 y 122.
Esta establece que, en el caso de magistradas y magistrados de Circuito, así como juezas y jueces de Distrito.
No se limitará su derecho a ejercer la profesión en Derecho fuera del circuito judicial de su adscripción cuando dejen el cargo.
Asimismo, se aceptó la reserva del diputado Francisco Arturo Federico Ávila Anaya, de Morena, que modifica los artículos 109 y 110 para garantizar un pago de compensación a magistradas y magistrados de Circuito.
Así como a juezas y jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, que concluyan su encargo por declinación de candidatura o por no resultar electos para un nuevo periodo.
Esta compensación incluirá tres meses de salario integrado, más veinte días de salario por cada año de servicio prestado.
Además, cubrirán las prestaciones correspondientes con recursos federales al momento de su retiro.
Por otro lado, las reservas presentadas por 37 diputadas y diputados de los grupos parlamentarios de Morena, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, así como por la diputada del PRD, Mónica Elizabeth Sandoval Hernández, se mantuvieron en los términos establecidos en el dictamen.
Con estas reformas, la Cámara de Diputados busca introducir cambios sustanciales en la administración de justicia en México.
Reforzando la equidad de género, el uso del lenguaje inclusivo y garantizando derechos laborales para los integrantes del Poder Judicial.
